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Primeras acciones de la Comisión Argentina de Políticas de Internet (CAPI).

La flamante Comisión Argentina de Políticas de Internet (CAPI) se reunió recientemente con sectores académicos, de la sociedad civil, del sector privado y de la comunidad técnica para debatir y acordar el desarrollo de políticas nacionales sobre la web y su gobernanza.

Una de las tareas relacionadas con dicho objetivo parece ser la de mejorar la representación del país en foros y organismos internacionales vinculados con el tema. 

 La creación de la CAPI no surge de manera aislada, si no en un contexto histórico con al menos tres grandes movimientos en la materia:   

-El cambio de las políticas de registro de dominios web en Argentina que -entre otras cuestiones- desde marzo 2014 pasó de ser gratuito a ser arancelado.

-El anuncio de Estados Unidos -en marzo pasado- de que dicho país supuestamente cedería parte del control que actualmente tiene sobre la administración de internet.

-El encuentro multilateral internacional de abril 2014, en Brasil, donde se discutió cómo se administrará la red en los próximos años, y en el cual nuestro país participó como parte del comité encargado de decidir los temas de discusión.

Según el Secretario de Comunicaciones Norberto Berner, la CAPI, creada a partir de la resolución 13 de la Secretaria de Comunicación (SeCom) y pensada centralmente como un espacio multisectorial de debate, está integrada por 5 categorías de actores: los organismos nacionales (ej: Comisión Nacional de Comunicaciones), el sector privado (nacional o extranjero), "la comunidad técnica", los sectores académico y de la sociedad civil.

Si bien la conformación de este espacio y la designación de los representantes de cada sector está aún en proceso, más allá de algunas invitaciones cursadas por la SeCom a diversos actores sociales, Berner señaló que será cada uno de esos cinco universos (privados, organismos nacionales, "técnicos", sociedad civil y universidades) los que a su modo determinen finalmente quiénes se sentarán a la mesa de debate.

La participación en dicho espacio, por parte de todos los sectores sociales (el sector de la prensa técnica y especializada, entre ellos), de manera equitativa (por estímulo del Gobierno y/o por impulso de los demás sectores), parece una condición indispensable para abordar democráticamente problemáticas centrales como la de la neutralidad de la web, la saturación informativa, la suplantación de identidad (pishing), la ocupación de dominios web con fines especulativos y extorsivos, el uso de datos confidenciales, la responsabilidad de grandes empresas dedicadas a la intermediación de información (Google y Facebook, por ejemplo) en diversos conflictos. En suma, para ensayar una verdadera democratización de las políticas sobre la web.

Sin embargo, tales condiciones de debate no parecen a priori garantizadas, ya que más allá de la creación del espacio de discusión, ni la participación de los distintos sectores sociales ni la designación democrática de los representantes de cada sector han sido hasta hoy promovidas por una efectiva difusión masiva, que permita a toda la sociedad estar al tanto de la existencia de esta herramienta, ni tampoco apuntaladas por diferentes estímulos para aquellos actores que, por distintos factores, parecen contar con menos posibilidades que otros para influir en la agenda de la Comisión: distintas posibilidades de trasladarse al lugar de las reuniones, diferentes capacidades de ser acompañados o representados permanentemente por asesores legales y técnicos, etc.

Por Comunicación APTA

Imagen: www.consumorenred.files.wordpress.com